Gerardo Blyde: Decreto de emergencia económica no es más que otra ley habilitante
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El alcalde del municipio Baruta de Caracas asegura que la medida publicada en Gaceta Oficial es, a su entender, otra manera de que el presidente Nicolás Maduro siga actuando sin pasar por el filtro de la Asamblea Nacional El presidente de la República, Nicolás Maduro, aprovechó el pasado viernes, y en la víspera de la presentación de su Memoria y Cuenta en la Asamblea Nacional, de emitir un decreto de emergencia económica de 60 días para buscar a través de medidas impuestas por el Ejecutivo solventar la crisis económica. La insistencia de integrantes de la política es la de determinar la legalidad del decreto presidencial para no pasar por el filtro de la Asamblea Nacional, organismo del Estado encargado de debatir y crear las leyes en el país. A pesar de que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró la “legalidad” del decreto presidencial anunciado por el mandatario nacional, Gerardo Blyde, alcalde del municipio Baruta de Caracas, ha aprovechado su experiencia como abogado constitucionalista para interpretar la verdadera finalidad del decreto de emergencia económica. ¿De qué va este decreto presidencial de emergencia económica? Este decreto, constitucionalmente, cuenta con muchos defectos. El presidente de la República trata de meter este documento por medio de la Ley de Estado de Excepción, de la cual fue co-redactor en la Asamblea Constituyente en el período 2000-2005. Los términos tienen que estar muy delimitados para poder tener las garantías constitucionales pertinentes y que los poderes públicos puedan evitar crisis económicas como la que tenemos. Este decreto tiene forma de decreto, pero en el fondo no lo es. Parece más una ley habilitante, tal y como lo dijo el gobernador de Mirada, Henrique Capriles. ¿Cuáles son las características para que este decreto sea determinado como una Ley Habilitante? -En primer lugar es porque no contiene los supuestos derechos objetivos y específicos. No vale decir que todo es culpa de una guerra económica. Tiene que fundamentar por qué si nuestros ingresos internacionales han sido tantos, pasamos por una crisis como esta. En otras palabras, el Ejecutivo tiene que sustentar las garantías constitucionales por los próximos 60 días, en los que se establece el decreto de emergencia económica, y nada de eso está establecido. Lo único que vemos es una autorización para que el jefe de Estado pueda controlar medidas económicas que le convengan y para evadir el control parlamentario, sin créditos adicionales. ¿Qué medidas se pueden aplicar con el decreto de emergencia económica? Una de las medidas que el presidente de la República puede aplicar con este decreto es la de realizar licitaciones y evitar trámites burocráticos para la importación de alimentos y medicinas de forma directa. También todo lo que es el control cambiario lo puede modificar y unificar sus tasas precios. Otra de las medidas es la de utilizar los bienes para requisar mercancía y repartirla a precios más económicos. Y la medida más mediática sería la de un posible aumento de la gasolina. ¿Esta es una medida que debe rechazar la Asamblea Nacional? Yo no sé si lo va a rechazar. Sólo estoy poniendo los términos jurídicos de lo que es el anuncio del presidente Maduro. Sólo puedo decir que eso no es un decreto de emergencia económica. ¿Cómo afecta este decreto la gestión de las alcaldías (referente a su gestión)? La gestión de las alcaldías, o en el caso de Baruta, le toca un año muy difícil. Este decreto vuelve a ser un problema con respecto a algo que venimos pidiendo desde hace mucho tiempo, que se nos autorice manejar los recursos para los municipios. Sólo las alcaldías afectas al gobierno nacional cuentan con beneficios mientras que nosotros tenemos que gestionar con lo que conseguimos. Y a pesar de contar con un presupuesto que supera en 100% lo conseguido el año pasado, la inflación y la depresión del bolívar nos ponen en una situación complicada. ¿Qué medidas, con respecto a la aprobación de recursos, le piden al Ejecutivo nacional? Que se desconcentren los servicios públicos como el agua (Hidrocapital) y el alumbrado público (Corpoelec). No es posible que las alcaldías no puedan resolver los problemas de tuberías de aguas blancas y negras, que dañan el pavimento, y que no pueda mejorar el alumbrado público a pesar de que se tiene que pagar impuestos. Otra de las medidas es la de exonerar a las alcaldías de pagar 12% del IVA por obras realizadas en el municipio para el disfrute de los ciudadanos. Si se hace un parque, o una cancha o una plaza con los pocos recursos que tenemos, también debemos pagarle al Estado un dinero que no sabemos en dónde se invierte.
